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“En España necesitamos una Ley Integral para luchar contra las redes de trata”

Entrevistamos a Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza Adoratrices, una especialista en la trata de personas con fines de explotación sexual y sobre todo, comprometida con el trabajo de recuperación de las víctimas. Entre nuestros cuestionamientos, nos centramos en cómo el Estado debería dar una respuesta más firme y contundente a esta forma de mal patriarcal y misógino

Graciela Atencio, Elena Laporta / Fotos y video: Charo Marcos / Producción de video: Francisco Gatica -- Feminicidio.net -- 14/12/2012

La trata de personas con fines de explotación sexual no sólo es la gran esclavitud del siglo XXI y uno de los delitos más rentables sino también una de las formas de violencia de género que aumenta a la sombra de los Estados y sus instituciones; estos no pueden poner freno a las mafias que secuestran o fuerzan a niñas y mujeres a prostituirse para satisfacer la demanda de hombres-clientes que pagan por sexo. España es el primer país de la Unión Europa en consumo de prostitución (según un estudio de APRAMP, un 39% de hombres entre 35 y 55 años ha demandado su consumo alguna vez). Como contrapartida, la mayoría de las mujeres que se prostituye es víctima de trata (se desconoce oficialmente el número real de mujeres prostituidas en España y no hay estudios ni investigaciones a nivel nacional que ofrezcan cifras estimativas de las mujeres que ejercen la prostitución por voluntad y por esclavitud). Muchas de ellas son extranjeras de países de Europa del Este y América Latina y muchas de ellas “sin papeles”. Se trata de mujeres en situaciones de violencia extrema, riesgo y vulnerabilidad.

El Proyecto Esperanza desde el año 1999 ha brindado apoyo integral a más de 600 mujeres víctimas de trata con fines de explotación en España. Forma parte de la Red Española contra la Trata de Personas y de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. Entrevistamos a Marta González, de 38 años, licenciada en derecho y coordinadora del Proyecto, una especialista en el tema y sobre todo, comprometida con el trabajo de recuperación de las víctimas. En el extremo opuesto del periodismo hegemónico, no quisimos centrar el enfoque de la entrevista en las víctimas sino en cómo el Estado debería dar una respuesta más firme y contundente a esta forma de mal patriarcal y misógino.

- Hay una cierta sensación por parte de un sector de la ciudadanía de que las instituciones no están haciendo todo lo que podrían hacer por la erradicación de la trata con fines de explotación sexual en España. ¿Cuál es la situación real?

- Se han dado pasos muy importantes, sobre todo en los últimos cuatro años, desde 2008: el Plan Nacional contra la trata con fines de explotación sexual; la ratificación del Convenio del Consejo de Europa, que enmarca la trata desde una perspectiva de derechos humanos y poniendo en el centro a las víctimas; la reforma del Código Penal, si bien es cierto que el legislador ha tardado mucho en proceder a llevarla a cabo; el cambio de la Ley de Extranjería para víctimas que se encuentren en situación administrativa irregular, introduciendo por ejemplo el periodo de reflexión. El Estado tienen que asumir una responsabilidad especial en términos de prevenir el delito, de proteger a las víctimas y reparar el daño poniendo los derechos y las necesidades de las víctimas en el centro.

- ¿Y eso está ocurriendo?

- Como decía, en el papel hay cambios pero no se está avanzando como quisiéramos. Está costando mucho implementar los cambios.

- ¿Por qué pasa? ¿El Estado pone obstáculos?

- Porque, por una parte ha pasado todavía poco tiempo y hacen faltan medidas de desarrollo y formación de los agentes públicos implicados en la lucha contra la trata. Pero además, también persiste la idea de combatir la inmigración irregular en vez de entenderlo como un problema de protección de los derechos humanos de las víctimas. Son dos intereses en tensión. La mayoría de las víctimas de trata son mujeres extranjeras, algunas de la UE, como Rumania, pero otras muchas son de terceros países y suelen tener una situación administrativa irregular.

- Pero, ¿usted no cree que cuesta por una cuestión de intereses, que las mafias y los lobbies participan en entramados de poder que son difíciles de controlar por parte de Estado? Se lo preguntamos como se lo preguntaría la gente en la calle. Vivimos en un mundo globalizado y con un modelo securitario de Estado (como nunca antes lo fue hasta ahora), con unos controles impresionantes en todas las fronteras, con policías y fuerzas de seguridad especializadas, con tecnología que ayuda a perseguir a los traficantes. No se entiende que no se pueda aplicar el peso de la ley. ¿Cómo es posible que se tarde tanto tiempo en apresar a los traficantes de trata? Un ejemplo: el caso que se difundió hace poco de un mafioso ruso que logró ingresar a España 8.000 mujeres como esclavas sexuales. No entendemos qué falla en el Estado para que existan esas cifras espeluznantes de mujeres traficadas y explotadas sexualmente y que con todo este sistema securitario no se pueda poner freno a la trata.

- No tengo claro, no creo, puedo ser inocente o ingenua pero no creo que haya toda una trama mafiosa de corrupción que tenga secuestrada la capacidad del Estado a nivel legislativo, ejecutivo, policial...

- Pero estas redes mafiosas funcionan a nivel trasnacional y en América Latina, por ejemplo, actúan con altos niveles de impunidad, ¿tenemos pruebas de que eso no suceda aquí cuando hay miles y miles de mujeres prostituidas en España originarias de esos países?

- Es cierto que en algunos países la trama de la corrupción tiene secuestrado el Estado pero no creo que en España estemos en esa situación. Por eso considero importante sensibilizar a la sociedad civil y a las autoridades, contar con herramientas legislativas y protocolos adecuados y dotar de medios materiales y personales suficientes a nuestras instituciones. Es cierto que se combate la trata con grupos especializados, pero es cuestionable esa especialización. Por ejemplo, los grupos de la Unidad Contra Redes De Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) aunque se les da una formación específica no es el único delito que investigan, no están dedicados en exclusiva a esto.

- La especialización se centra en investigar y perseguir el delito, pero no tanto en competencias para abordar la relación con las víctimas, para manejarse de manera correcta con ellas y favorecer las condiciones para que se sientan seguras, puedan pedir ayuda, explicar lo que les está pasando y en su caso denunciar.

- Los datos nos dicen que hay una disparidad enorme entre personas en riesgo de ser víctimas y personas identificadas como tales. De 14.400 personas en riesgo que había en 2011, solo 1.084 han sido identificadas. En mi opinión, eso se debe a que no se han creado las condiciones suficientes como para proteger a las víctimas, atenderlas desde el primer momento, garantizar su seguridad y la de su familia. Se ha creado una arquitectura que hay que ir llenado de contenido en la práctica, día a día. Las lagunas actuales se cubrirían aprobando una ley integral de trata.

- ¿Por qué es necesaria una ley integral de trata?

- Creemos que es necesaria una ley integral contra la trata porque ahora la legislación española está dispersa. Hay un artículo en el Código Penal, un Plan Nacional de carácter político, que no es un instrumento legal y por lo tanto no garantiza derechos con continuidad... Además, el Plan termina ahora en diciembre y nos preocupa qué va a pasar después. Tampoco hay que olvidar que el Plan es parcial porque sólo se refiere a la trata con fines de explotación sexual.

- Además la coordinación estatal, autonómica y local es insuficiente, incluso inexistente. Todo esto hace que no abordemos la trata de forma eficaz y que no prioricemos las necesidades y protección de las víctimas, ofreciendo alternativas reales. También hay que sistematizar, tener una visión integral que incluya todas las formas de trata, no sólo la sexual y que llegue a todas las víctimas, siempre desde la perspectiva de género, pero entendiendo que hay también hombres, niños y niñas que son víctimas de trata.

- La ley debería prever y crear un estatuto de víctimas de trata que conceda una protección mínima a todas las mujeres en esa situación de manera coherente y coordinada. En la actualidad hay Comunidades Autónomas que tienen una protección adecuada, recursos especializados y específicos y cobertura de las necesidades de las víctimas y otras CCAA donde ni siquiera hay recursos de acogida para cubrir, no ya necesidades a medio y largo plazo, sino las necesidades de urgencia.

- ¿Entonces hay serias deficiencias además de una descoordinación nacional?

- No hay unos estándares mínimos de protección para todas las víctimas de trata en territorio nacional. Y esto es así porque no hay una ley integral. Nuestro sistema de protección legal está básicamente delegado en las Comunidades Autónomas pero este problema requiere un abordaje nacional y también internacional.

- Según su experiencia de trabajo: ¿por qué hay que entender la trata en términos trasnacionales?

- Requiere una visión global porque a una víctima no sólo le afecta lo que la está pasando en este momento en España sino también lo que sucede con su familia en su país de origen. Si queremos proteger a las víctimas y luchar contra la trata habría que conceder la reagrupación familiar preferente para los familiares que estén o puedan estar en peligro.

- Los gobiernos tienen miedo a un supuesto efecto llamada y que las personas inmigrantes aleguen que son víctimas de trata cuando ingresan en Europa. Esto no es real y ya hay antecedentes en otros países como Italia. Las autoridades concedieron permisos de residencia y trabajo como contraprestación por la colaboración de las víctimas en la denuncia de las redes de trata, pero también por la situación personal de esas personas independientemente de la colaboración que prestaran. Se pensó que habría un aluvión de casos y no fue así. La Ley de Extranjería española ahora también reconoce este doble supuesto por colaboración y por situación personal.

-Desde ese gran cambio que hubo hace unos años, con la aplicación del Plan Nacional, ¿cuántas víctimas fueron rescatadas por el Estado español?

- No conozco el número total. Sin embargo, de todas las víctimas que fueron identificadas en 2011, las 1084, se concedió permiso de residencia y trabajo a 58 por colaboración y ninguna por su situación personal.

- ¿Sólo el cinco por ciento? ¿Y qué pasó con el resto de víctimas?

- O se volvieron a sus países o están irregularmente.

- ¿Y el Estado no se hace responsable de esto?

- Uno de los fallos del sistema es que la Policía informa que han ofrecido el periodo de reflexión y casi ninguna se acoge. En mi opinión, porque la manera de informar, de hacer llegar esa información, de comunicarla, de transmitirla no es la correcta. Por ejemplo el hecho de que sea un policía que lo comunique hace que las mujeres tengan miedo y no se atrevan a denunciar a los proxenetas.

- Entonces el Estado falla.

- Efectivamente. Para ser eficaces tenemos que cooperar, coordinarnos, trabajar de manera multidisciplinaria. Eso en realidad no se hace. Muchas veces las víctimas no llegan a tener contacto con entidades especializadas ni con personas expertas que las acojan. Es necesaria una intervención social junto con la policial, que cubra las necesidades de las víctimas, les dé respuesta, les informe y acompañe en su proceso de toma de decisiones. Y esto sucede en muy pocas ocasiones. A nosotras, como Proyecto Esperanza no nos llaman en cada caso. Dar información por escrito de que pueden solicitar el periodo de reflexión o dar un número de teléfono para que puedan contactar con una organización especializada no cumple los requisitos de una intervención social eficaz y adecuada para la situación en la que se encuentra una víctima de trata.

- Por lo que comentaba usted, debería sancionarse un estatuto integral de las víctimas. ¿En qué consistiría?

- Ese estatuto debería estar incluido en una ley integral de trata y dirigido a dar garantías mínimas a todas las víctimas del territorio nacional: derecho a la información, entendido en sentido integral, garantizando que la víctima entiende cuáles son sus posibilidades; derecho a un alojamiento seguro y adecuado; que se cubran sus necesidades básicas; que se le dé una ayuda económica que vaya más allá de lo meramente asistencialista y que garantice su autonomía; asistencia legal; y un derecho a compensación efectiva. Las víctimas de trata no tienen ayudas económicas como las que tienen las de violencia de género en el marco de la Ley Integral. Este punto es fundamental.

- El dinero y los demás bienes incautados de las redes de trata deberían decomisarse, embargarse, ejecutarse y liquidarse para que se cree un fondo estatal de compensación que revierta directamente a las víctimas de trata. Ahora, el Plan Nacional contra la trata, que en este sentido tampoco ha sido muy eficaz, recomienda la creación de un fondo estatal en investigación policial y financiación para recursos de asistencia social. En los pocos casos en los que hay sentencias condenatorias y en los que los autores además de ingresar en prisión deben pagar indemnización a las víctimas, no se hace efectivo porque las redes y mafias tienen testaferros y personas interpuestas de modo que cuando se va a ejecutar la indemnización, se declaran insolventes. Ahí está la paradoja: un delito con el que se han obtenido millones de euros explotando a las mujeres, luego resulta que aunque se los condene a pagar indemnizaciones, los criminales se declaran insolventes y no hay un fondo estatal subsidiario que se haga cargo provisionalmente de pagar las indemnizaciones a las víctimas. Nosotras pedimos que se ejecuten esos bienes y se destinen a ese fin.

- ¿Usted diferencia la trata de la prostitución?

- Si las diferenciamos. Desde el punto de vista práctico, cotidiano, no teórico o filosófico, nos encontramos en nuestro trabajo con personas que ejercen la prostitución por estar en una situación de vulnerabilidad, de exclusión social, de irregularidad administrativa… que las lleva a ejercer la prostitución y hay otras que están como víctimas de trata porque alguien las ha captado, o trasladado o alojado por medio de coacción con el fin de explotarlas sexualmente, sin perjuicio de que ambas necesiten apoyo.

- No todos los casos de prostitución son casos de trata ni todos los casos de trata son para explotación en la prostitución. Damos apoyo a mujeres víctimas de trata para explotación en el servicio doméstico, en la mendicidad, en la agricultura, en la hostelería… No hay que olvidar los otros tipos de trata.

- La dificultad está en los porcentajes, ahí está la batalla total. Desde el ámbito de la intervención social opino que hay mujeres que ejercen la prostitución porque libre y voluntariamente lo deciden así. ¿Qué porcentaje es ese? Ahí está la duda. Otras mujeres se prostituyen, no libre y voluntariamente, sino determinadas por sus circunstancias personales, sociales y económicas; necesitan ayuda, la quieren y la piden para salir de esa situación. En el otro extremo están forzadas por alguien, una persona, grupo o red y por lo tanto son explotadas, esclavizadas, obligadas para lucro económico de otras personas. Ahí estamos en una situación de trata. La intervención social es distinta según sea prostitución forzada o no.

- ¿Cómo acabar con la trata?

- Difícil pregunta. La más difícil de responder de todas. Sinceramente creo que ni la abolición ni la reglamentación o legalización de la prostitución por sí mismas van a terminar con la trata. Ninguna de las dos son la varita mágica ni la solución. La trata es una realidad complejísima cuyas causas están, entre otras, en la situación de desigualdad y exclusión social, en la falta de oportunidades entre las que se encuentran la falta de oportunidades para emigrar legalmente, en la vulnerabilidad, en la impunidad…

- ¿Qué ayudaría a frenar la trata en España?

- Yo pondría el foco en una ley integral contra la trata que proteja a las víctimas, que coordine a las autoridades, que garantice una evaluación continua hecha por todos los actores que intervenimos y que haya recursos materiales y humanos suficientes. Y eso, unido a una persecución efectiva del delito y de no permitir la impunidad. Supondría un paso adelante y un avance en la lucha contra la trata pero mientras no haya coordinación suficiente ni un estatuto de protección de las víctimas y mientras no haya recursos personales ni económicos suficientes y no sólo cuando haya denuncia de la víctima; debe también promoverse la investigación patrimonial, tirar del delito desde el punto de vista económico. Y por supuesto la coordinación a nivel europeo e internacional que a día de hoy es totalmente insuficiente. Todo esto podría marcar una diferencia.

- ¿Qué aporte podemos hacer desde la sociedad civil para luchar contra la trata? ¿Cómo solidarizarnos activamente con las mujeres que son explotadas sexualmente?

- Después de 12 años de trabajo, mi opinión es que para abordar la trata de forma coherente hay que entenderla, conocerla, sensibilizarse, concienciarse y a partir de ahí exigir a los poderes púbicos que cumplan con sus responsabilidades. Y pedirles, obligarles a que esto sea parte de sus prioridades. Cuando la trata era un tema desconocido en España, cuando se entendía que era un delito que ocurría en otros países pero aquí -me estoy refiriendo al año 1998, que empecé a trabajar en este tema- en esa época no había ni una sola medida de protección en la Ley de Extranjería, no estaba tipificado el delito de manera correcta en el Código Penal, no había recursos especializados de atención, no había subvenciones ni fondos, ¿qué ayudó a ir cambiando esto? Que se pusiera sobre la mesa el problema, que se diera a conocer y a pesar de que no es óptima la situación, tampoco podemos negar los avances alcanzados. Son importantes la labor de incidencia y presión política sobre los poderes públicos desde las organizaciones y el activismo, la movilización ciudadana y el apoyo económico de quien pueda darlo.

- ¿Y otra educación sexual para que los hombres no compren sexo no ayudaría? Sin clientes no hay trata.

- La información afectivo-sexual es fundamental. Hay que incidir en la educación y la información en la sexualidad desde la infancia. Y esto no se ha hecho en España ni se aborda de forma profunda. Luego se quiere resolver, yo creo que a veces de manera simplista, con la pura medida de multas a los clientes que contratan servicios de prostitución. Esa medida represiva por sí sola no es suficiente ni funciona, entre otras cosas porque es una sanción que en la práctica es muy difícil de probar. A mí lo que me da miedo son las soluciones que proponemos a nivel político teórico sin saber hasta qué punto impactan de manera adecuada o no. O si sólo se trata de medidas que ponemos en marcha para dejar tranquilas nuestras conciencias.

 

El 3 de diciembre pasado, el equipo del Proyecto Esperanza-Adoratrices lanzó una campaña de crowdfunding con el fin de recaudar 3.200 euros para financiar el abono transporte anual de ocho mujeres víctimas de trata. Las aportaciones económicas a través de la plataforma Mi Grano de Arena se podrán hacer hasta el 11 de enero de 2013.

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