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La CEDAW y México: informes y recomendaciones

México ha firmado y ratificado la CEDAW y ha elevado al Comité CEDAW hasta 8 informes respecto de los cuales el propio Comité ha formulado Recomendaciones. ¿Han servido para conseguir avances en los derechos de las mujeres y como mecanismos de prevención de la violencia de género? A continuación compartimos el primer artículo sobre los informes de México y las recomendaciones del Comité CEDAW

 

Elena Laporta - Feminicidio.net - 11/06/2012

España, Madrid - La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [1], más conocida como CEDAW, es la norma internacional más importante de protección de los derechos de las mujeres, al menos en el ámbito de Naciones Unidas.

Quienes han ratificado dicha Convención deben presentar ante el Comité CEDAW [creado en virtud del artículo 17 de la CEDAW], el órgano encargado de examinar los progresos realizados en este ámbito, un informe sobre la situación de dichos derechos. En virtud del artículo 18 de la CEDAW:

“Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido: en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate; y En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite.

Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención”.

En este artículo pretendemos presentar los informes que el Estado mexicano ha entregado al Comité CEDAW, así como las recomendaciones y observaciones que ha hecho el Comité a partir de esos informes.

Concretamente, este artículo es el primero de una serie de tres que tienen como objetivo centrarse en las partes de esos informes y recomendaciones que se refieren a la violencia contra las mujeres, sin perjuicio de que no deba olvidarse que estos informes consisten en hacer un análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los derechos previstos en la CEDAW.

Precisamente por ello es necesario recordar que la CEDAW no reconoce expresamente en su articulado un derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, ni hace referencia a la violencia contra las mujeres como un fenómeno a combatir, con la excepción del artículo 6 en el que se menciona un tipo muy concreto, el de la trata de mujeres:

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.

Como ya recordábamos en anteriores artículos, habrá que esperar a la Recomendación número 19 del Comité [adoptada en 1992] para que se haga referencia al fenómeno de la violencia contra las mujeres.  Dice la Recomendación que la definición de discriminación contra la mujer que establece el artículo 1 de la CEDAW incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, de modo que la violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, aunque ésta no se refiera expresamente a la misma.

Siendo esto así, ni el I [2] ni el II Informe [3], presentados en 1982 y en 1988 respectivamente se refirieron a esta cuestión, con la salvedad del caso ya citado de la trata.

I INFORME

El I Informe dijo respecto a la trata que el artículo 6 de la CEDAW incluye tres cuestiones: ▪ la trata de mujeres ▪ la explotación de la prostitución de la mujer ▪ y la actitud que el Estado adopte respecto a la anterior.

Partiendo de estas premisas México señaló:

En primer lugar que tenía tipificado el delito de lenocinio en el art. 207 del Código Penal:

"Comete el delito de lenocinio:

I. Toda persona que habitual o accidentalmente explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera;

II. Al que induzca o solicite a una persona para que con otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución;

III. Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia expresamente dedicadas a la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos".

Además previó una pena mayor "cuando la mujer cuyo cuerpo sea explotado por medio del comercio carnal sea menor de edad”.

En segundo lugar el Estado mexicano se definió a sí mismo como abolicionista. También mencionó que ya en 1940 se eliminó de la legislación el reglamentarismo, si bien en el momento de presentación del informe todavía algunos Estados mantenían ese sistema. A este respecto se expresó en el informe que se había intentado luchar por modificar esa situación pero no concretó cómo se llevó a cabo.

Esta es la única referencia que se hizo en el informe a formas de violencia contra la mujer.

RECOMENDACIONES AL PRIMER INFORME

Del mismo modo el Comité CEDAW no hizo referencia a la violencia en sus Observaciones finales [4]. Agradeció la labor del Estado en lo referente a la legislación, al considerar que promulgó un número considerable de leyes tendentes a garantizar la igualdad, pero le recordó que:

- Debería haber aportado información sobre la aplicación real de esas leyes.

- El informe no iba acompañado de datos estadísticos.

Por ello, le pidió que en el futuro los siguientes informes fuesen apoyados en datos empíricos.

II INFORME

En el segundo Informe México dio respuesta a las cuestiones que el Comité le había planteado en el I informe. Entre otras, se hace referencia a la creación de un conjunto de instituciones y acciones dirigidas a promover el desarrollo de los derechos de las mujeres, y a la incorporación de algunos datos estadísticos desagregados por sexo.

La única ocasión en que se hace referencia a la violencia es para referirse a la sexual, respecto de la cual se apuntó que se habían hecho campañas de prevención.

También analizó el cumplimiento de algunos de los artículos de la Convención, pero justamente no se hizo referencia a la trata o la prostitución.

III Y IV INFORME

Habrá que esperar al III-IV Informe [5], que se presentaron conjuntamente en 1997, para que se aborde por primera vez la violencia.

En estos informes se estableció el combate contra la violencia como una línea de actuación, se reconoció que había un incremento grave de la violencia contra las mujeres y se señaló que se estaban haciendo esfuerzos por “implementar diversas garantías y controles para el sujeto que delinque y a prestar servicios a las víctimas del delito”.

Así mismo se certificó que “del análisis institucional efectuado de las cifras negras [incidencia delictiva] se encontró que el porcentaje de denuncias de delitos sexuales era sumamente bajo y que la mayoría de las víctimas se abstienen de presentar su querella ante el Ministerio Público”.

Reconoció también que no tenían estadísticas sobre “mujeres golpeadas”, y que además era una de las formas más frecuentes de violencia contra la mujer.

También se apuntó que se adoptaron un conjunto de medidas dirigidas principalmente a abordar la violencia sexual. Entre otras:

- Un “Programa de Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, a través del cual se buscó dar respuesta a la demanda social para un cambio en las prácticas institucionales de las diversas instancias de procuración de justicia, que se consideraron vejatorias para las víctimas de esos delitos”. Con él se pretendía cumplir dos objetivos, tanto dar asistencia psicológica como mejorar el sistema de investigación criminal.

- Centros de apoyo a víctimas de delitos sexuales y sus familias y para víctimas de violencia intrafamiliar.

- Cambios en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en materia de delitos sexuales.

- Creación de la Fiscalía Especial para Delitos Sexuales.

- Aprobación de reformas a la Constitución que establecían la obligación del Estado de dar asistencia jurídica a las víctimas de delitos sexuales, derecho a recibir reparación del daño y atención médica de urgencia.

- Creación de la Unidad Especializada de Atención y Orientación Legal, el Programa de Atención Integral para las Víctimas de Ataques Sexuales y un programa de Atención Integral para la Rehabilitación de Víctimas de Ataques Sexuales.

Respecto a la violencia contra las mujeres entendida en un sentido amplio, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Fomento de medidas de prevención adecuadas.

- Eliminación de imágenes de violencia contra la mujer, reproducidas por los medios de difusión.

- Combate a la utilización de las niñas y las mujeres como objetos sexuales.

- Promoción de la investigación, elaboración y difusión de estadísticas suficientes y confiables, sobre violencia contra niñas y mujeres; sobre sus causas y consecuencias, así como sobre medidas para impedirla y reparar sus efectos.

- Creación de los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que las víctimas de la violencia tengan acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

- Acceso de las mujeres víctimas de la violencia a los sistemas judiciales.

- Organización y financiamiento de campañas de información y programas de capacitación y educación, para sensibilizar acerca de los efectos negativos de la violencia en la familia, comunidad y sociedad.

- Promoción de un programa de difusión sobre formas de defensa contra la violencia.

- Capacitación en cuestiones de género para sensibilizar al personal encargado de procurar y administrar la justicia.

Además en 1996, el Distrito Federal aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, que tomó como modelo la Convención Belém Do Pará, y la cual se constituyó como la primera ley sobre esta materia en México.

Este mismo año México aprobó la citada Convención, aunque quedó pendiente de ratificación.

También se celebró un acuerdo de colaboración con ONGs para que éstas realizasen labores de monitoreo, capacitación y prevención respecto de la actuación de los poderes públicos.

Incluso se presentó  una propuesta de modificaciones legales en materia penal y civil, así como procesal, para tipificar la violencia familiar.

Por último se hizo referencia expresa a la prostitución, de la que se señaló que se estaba pensando en regularla; y al hostigamiento sexual, respecto del cual se procedió a su tipificación como delito.

RECOMENDACIONES AL III Y IV INFORME

Por su parte el Comité [6] consideró positivo:

- La modificación de los códigos civil, penal y de procedimiento para luchar frente a la violencia contra la mujer en la familia, lo que incluyó la violación por el marido.

- Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar Distrito Federal

.- Y la firma de la Convención Interamericana sobre la Prevención, el Castigo y la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

Sin embargo señaló también el Comité que:

- “A pesar de las medidas legislativas adoptadas, la violencia contra la mujer, y particularente la violencia doméstica, sigue siendo un grave problema que confronta la sociedad mexicana”.

- Se inquieta ante “la posible existencia de trata de mujeres y señala que, de existir, ello constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres”.

Y por ello recomendó que:

- Siguiera en la línea de adoptar una legislación nacional sobre todas las formas de violencia contra la mujer.

- Que analizase la posibilidad de “ejecutar un plan integrado a largo plazo de lucha contra la violencia, el cual podría contemplar la acción judicial; la capacitación del personal judicial, policial y de salud; la información a las mujeres sobre sus derechos y sobre la Convención; y el fortalecimiento de los servicios de atención a las víctimas”.

- Que se tomaran medidas contra los hombres que ejerzan violencia contra las mujeres, facilitando el inicio de las acciones judiciales contra ellos. En el caso de la violación pide además cambios en las sanciones, garantías de aplicación de las sanciones y realización de campañas de sensibilización por ONGs y legisladores.

- Que se señalaran el Estado en su próximo informe si finalmente va a legalizar la prostitución. Y en todo caso el Comité recomienda que “no se discrimine a las prostitutas sino que se sancione a los proxenetas”.

- Por último, y esto lo pidió el Comité con carácter general, no sólo respecto a la violencia, solicitó que se incluyeran de manera sistemática estadísticas.

[1] http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

[2] Primer informe:http://www.amdh.org.mx/mujeres3/CEDAW/index.php?option=com_content&view=...

[3] Segundo informe:http://www.amdh.org.mx/mujeres3/CEDAW/index.php?option=com_content&view=...

[4] Observaciones y recomendaciones1983:http://www.amdh.org.mx/mujeres3/CEDAW/docs/Obs.finales1983.pdf

[5] III-IV Informehttp://132.247.1.49/mujeres3/CEDAW/index.php?option=com_content&view=art...(6) Observaciones y recomendaciones 1998:http://132.247.1.49/mujeres3/CEDAW/docs/Obs.yRecC.CEDAW1998.pdf

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