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La trata de seres humanos en España: víctimas olvidadas

En el Informe de la Oficina del Defensor del Pueblo “La Trata de Seres Humanos en España: Víctimas Invisibles”, las cifras muestran que el Estado aún no ha conseguido desarrollar las herramientas necesarias que permitan detectar, de manera eficaz, a las víctimas de trata y ofrecerles la necesaria protección. A continuación brindamos un resumen de los principales aspectos recogidos en el mismo

Tania Ruz - Feminicidio.net - 14/12/2012

España, Madrid - El 15 de noviembre de 2012, en las Jornadas “Víctimas de trata con fines de explotación en España: la legalidad en el cuarto oscuro” dentro del Ciclo “Crisis Económica y Derechos Humanos” organizadas por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con Women´s Link Worldwide, la Defensora del Pueblo: Soledad Becerril, presentó el Informe de la Oficina del Defensor del Pueblo “La Trata de Seres Humanos en España: Víctimas Invisibles”.

En este artículo se señala de manera breve parte de la información que aporta dicho Informe (1), el cual se compone por la Presentación; el Método con el cual fue elaborado; tres Capítulos: I. Aproximación a la trata de personas desde un enfoque de derechos humanos, II. Tipología de la trata de seres humanos en España, y III. La identificación y protección de las víctimas en España; las Conclusiones, y por último las Recomendaciones.

MÉTODO DE ELABORACIÓN

La oficina del Defensor del Pueblo tuvo conocimiento sobre la situación de las víctimas de trata de seres humanos en España debido a una queja interpuesta en el año 2008 por varias organizaciones no gubernamentales que mostraban su preocupación ante la carencia de procedimientos adecuados para proteger a las víctimas que habían sido detectadas durante una operación policial de desarticulación de una red de trata con fines de explotación sexual que operaba en distintas ciudades españolas.

Tras la investigación iniciada, se comprobó que considerando el número de personas detenidas y la trama descubierta, la operación policial había sido un éxito desde ese punto de vista. Sin embargo, ésta no parecía haber arrojado resultados igualmente positivos en cuando a la situación de las mujeres detenidas, identificadas como víctimas de trata.

Por estos motivos, se solicitó que se revisara la operación policial para evitar que las mujeres víctimas de trata, al ser ciudadanas extranjeras sin papeles, fueran expulsadas sin haber puesto en marcha los mecanismos destinados para protegerlas. El Defensor del Pueblo dio traslado a la Administración de su preocupación por la desprotección de estas personas.

La decisión de abordar mediante un informe monográfico la trata de seres humanos en España se adoptó debido a las quejas recibidas, fundamentalmente por parte de organizaciones no gubernamentales, y también por el conocimiento directo de la situación obtenido a través de las visitas que de manera periódica realiza el personal del Defensor del Pueblo.

El Informe indica que pretende realizar un análisis de la realidad dando voz a todas las entidades y organismos que trabajan en este ámbito. Analiza los convenios internacionales suscritos por España y la normativa europea. Asimismo, señala que su propósito es ofrecer a las Cortes Generales, destinatarias de este Informe y al conjunto de la sociedad, un tratamiento profundo sobre la trata en España y las conclusiones a las que se ha llegado. De la misma manera, en este Informe se formulan recomendaciones dirigidas a organismos con competencia en la materia.

Para su preparación, el Informe contó con la participación de organismos de la Administración competentes en la materia y otros actores relevantes como representantes de diversos organismos internacionales, sindicatos y entidades que forman parte de la Red Española contra la Trata de Personas (2). De la misma manera, para realizar el Informe se realizaron entrevistas a víctimas con perfiles variados.

I. Aproximación a la trata de personas desde un enfoque de derechos humanos

Este capítulo realiza una aproximación a la trata de personas como una vulneración de los derechos humanos con una dimensión transnacional y teniendo en cuenta la perspectiva de género.

La trata de personas es una grave vulneración de los derechos humanos que pone en peligro la dignidad y las libertades fundamentales de sus víctimas.

Dimensión transnacional: Esta dimensión es imprescindible debido a que es necesario entender todo el proceso y las conexiones entre el origen, el tránsito y el destino de las víctimas de trata para establecer mecanismos eficaces de prevención y lucha. En este sentido, se establecen las diferencias entre la trata interna también llamada doméstica (que supone no atravesar ninguna frontera), la trata internacional (que implica el traspaso de fronteras) y la trata interregional (que incluye el cruce de fronteras entre países cercanos). Y se destacan las diferencias y conexiones entre la trata de personas y el tráfico de inmigrantes (para ver las diferencias entre una y otro se debe considerar el consentimiento, la explotación y la trasnacionalidad).

En relación a las estadísticas, se señala que la explotación sexual es el tipo de trata más documentado en las estadísticas globales, que Europa destaca como destino de las víctimas y se indica la ausencia de datos normalizados de carácter internacional que lleva a que haga falta una visión global de la situación. Ante la dificultad de conocer datos fiables respecto a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, varias autoras y autores alertan sobre los riesgos de la extrapolación de datos obtenidos a través de entrevistas individuales en contextos concretos a categorías generales.

Perspectiva de Género: La trata de personas es una vulneración del Derecho internacional debido a que es contraria a la prohibición de discriminación por razón de sexo. La trata de personas es una forma de violencia contra la mujer y por consiguiente una violación a la prohibición de discriminación por motivos de sexo. Además, se debe considerar un enfoque basado en los derechos del niño y de la niña debido a que muchas víctimas son menores de edad.

Se hace énfasis en la actuación con debida diligencia que deben tener los Estados en estos casos, ya que el Estado es responsable por el hecho de no prevenir, investigar, enjuiciar o indemnizar en estos casos.

II. Tipología de la trata de seres humanos en España

II.1.Con fines de explotación laboral

Se cita el Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de febrero de 2009 (3) para establecer que la explotación sexual es la forma de trata de personas detectada con más renuencia (79%) seguida del trabajo forzado (18%).

Distribución de los trabajadores forzosos objeto de trata por regiones

 

Número de personas en situación de trabajo forzoso como consecuencia de la trata

Asia y el Pacífico

1.360.000

Países industrializados

270.000

América Latina y el Caribe

250.000

Oriente Medio y África del Norte

230.000

Países en transición

200.000

África Subsahariana

130.000

Total mundial*

2.450.000

(*) Nota: El total indicado no coincide con la suma de los componentes debido al redondeo. Fuente: SAP-FL citado en el Informe de la Oficina del Defensor del Pueblo: “La Trata de Seres Humanos en España: Víctimas Invisibles”, p. 46.

El Informe cita a la OIT para establecer que hay tres formas principales de trabajo forzoso:

- El trabajo forzoso impuesto por el Estado con fines económicos, políticos o de otro tipo.

- El trabajo forzoso vinculado a la pobreza y discriminación en los que llama países en desarrollo.

- El trabajo forzoso derivado de la migración y la trata de personas en todo el mundo, a menudo relacionado con la globalización (4).

En 2005, la OIT estimaba que aproximadamente el 56% de las víctimas de alguna forma de trabajo forzoso eran mujeres y niñas. En este capítulo se citan otros informes relevantes en este tema y se establece que los Estados deben dedicar recursos al refuerzo de los derechos de los trabajadores con independencia de su estatus migratorio o de empleo. También se establece que en estos casos, uno de los principales problemas es identificar a las víctimas.

Situación en España: En su memoria del 2010, la Fiscalía General del Estado recoge situaciones de abuso respecto a ciudadanos extranjeros, principalmente nacionales de Rumanía, Marruecos, Guatemala y Bangladesh y se señala que todas las actividades productivas donde no se exige una cualificación especial de mano de obra se han visto afectadas en este sentido, destacando la construcción (20,93%), agricultura (13,95%), hostelería y alimentación 11,62% y el trabajo doméstico o de cuidado de personas mayores 9,30% (5).

También se indica que informes internacionales alertan sobre la trata para explotación laboral en España.

La forma de trabajo forzoso más común en 2010 fue la explotación laboral. De la misma manera, se señalan las investigaciones de oficio de situaciones de explotación laboral que el Defensor del Pueblo ha iniciado.

II.2 Con fines de explotación sexual

Dos tercios de las víctimas de trata son mujeres; el 79% con fines de explotación sexual (6).

Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual

 

Ruta

Origen:

Varios países del mundo principalmente de la región de los Balcanes y la ex Unión Soviética.

Transporte hacia el destino:

Principalmente por tierra; también por mar y aire.

Destino:

Europa occidental y central.

 

Magnitud

Número anual de nuevas víctimas:

Alrededor de 70.000 (basándose en un ciclo bienal).

Volumen del mercado (número de víctimas):

Alrededor de 140.000 víctimas.

Cifra de negocios:

3.000 millones de dólares anuales.

 

Traficantes

Grupos involucrados (procedencia):

Europa occidental, Balcanes, Europa oriental, África septentrional, Turquía, Nigeria y China

Lugar de residencia de los traficantes:

Países de origen y de destino.

 

Riesgo

Tendencia estimada:

Estable.

Posibles efectos:

Violaciones de los derechos humanos.

Posibilidad de que los efectos se materialicen:

Muy elevada.

 

Fuente: UNODC. Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual. Viena: UNODC, 2008. p. 1., citado en el Informe de la Oficina del Defensor del Pueblo: “La Trata de Seres Humanos en España: Víctimas Invisibles”, p. 91.

En relación a la magnitud de esta lacra en Europa, según estimaciones de UNODC, tan solo se identifica a una de cada veinte víctimas de trata (7). En los últimos años se han diversificado las nacionalidades de origen de las víctimas.

Situación en España: En el caso español se hace referencia a un Informe que establece que han aumentado las víctimas de Paraguay y Brasil.

Los delitos de prostitución coactiva afectan prácticamente en su totalidad a ciudadanas extranjeras.

La tendencia de que solamente se detecta a una de cada veinte potenciales víctimas de trata con fines de explotación sexual se confirma en España.

En España las víctimas en este caso son mayoritariamente mujeres.

Entre 2009 se registraron como víctimas 65 hombres y 1,236 mujeres y en 2010 133 hombres y 1, 508 mujeres (estos datos solamente contemplan a las extranjeras con papeles).

En 2011 el 47% de las víctimas procedía de América, el 45% de Europa y el 7% de África (8).

Para analizar la situación en España, se ha acudido a los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado, así como a los datos facilitados por el Ministerio del Interior a través del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Además, han contado con testimonios directos de varias víctimas que, junto a las aportaciones de las entidades especializadas que trabajan con ellas, y el resultado de las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, han permitido aproximarse desde varias perspectivas a la situación en España.

El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), ha facilitado cifras correspondientes a los años 2009 a 2011, referentes a las tendencias registradas en la trata con fines de explotación sexual. Las cifras se han obtenido a través de:
– Inspecciones que se definen como actuaciones preventivas de los Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares susceptibles de ejercicio de la prostitución para la detección de actividades delictivas relacionadas con la trata de seres humanos y la explotación sexual.
– Atestados. Conjunto de diligencias instruidas por los Cuerpos de Seguridad del Estado para el esclarecimiento de actividades delictivas relacionadas con la trata de seres humanos y la explotación sexual, con el fin de determinar las circunstancias concurrentes y las responsabilidades de las personas implicadas.

Los datos facilitados por el CICO diferencian también entre persona en situación de riesgo (persona detectada con motivo de la realización de inspecciones, ejerciendo la prostitución) y víctima (persona identificada con ocasión de atestado instruido por los Cuerpos de Seguridad del Estado por actividades delictivas relacionadas con la trata de seres humanos y para la explotación sexual).

Dentro del contexto español, el Informe señala el Modus operandi en estos casos:

Captación: Las víctimas suelen ser captadas en sus países de origen.

Financiación: Las organizaciones criminales financian el viaje y luego las víctimas son obligadas a pagar la deuda, siendo frecuente la existencia de engaño tanto en el importe a pagar como en la forma en que se debe pagar.

Traslado: Se realiza por diferentes medios y a través de rutas previamente establecidas, principalmente mediante transporte aéreo o terrestre, pueden ir acompañadas por miembros del grupo criminal que actúan como “pasadores” y las víctimas pueden entrar con visado de turista o estudios cuando se requiere el trámite o en su caso con documentación falsa o falsificada.

Explotación: En España se desarrolla mediante la prostitución forzada en la calle, locales o domicilios.

Los grupos criminales tienen infraestructura en los países de origen, transito y destino, y en el contexto español las principales rutas son Rumania, Nigeria, Brasil y Paraguay.

A continuación se da información de manera muy general de cada una de estas rutas.

Rumania

Es el primer país de origen de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. El perfil de persona en situación de riesgo y el de la persona víctima de trata con fines de explotación sexual coindicen: mujer de nacionalidad rumana de entre 18 y 32 años de edad.

En 2010, los principales países de destino fueron España (234 víctimas), Italia (206 víctimas), República Checa (87 víctimas), Chipre (78 víctimas) y Francia (68 víctimas) (9).

En 2010, la Fiscalía General del Estado consideró insuficiente el nuevo marco normativo sobre trata en España y en 2011 el Defensor del Pueblo abrió varias investigaciones en estos casos.

Nigeria

La presencia en España de víctimas nigerianas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual se encuentra citada en varios informes internacionales de relevancia. Las quejas más numerosas llegadas al Defensor del Pueblo con relación a víctimas de trata corresponden a las presentadas por organizaciones no gubernamentales en nombre de mujeres nigerianas en donde se señala que no se han valorado de manera adecuada las alegaciones formuladas sobre su situación de potenciales víctimas de trata y que las autoridades solo han tenido en cuenta su condición de extranjeras sin papeles en España.

La mayoría de mujeres víctimas de esta nacionalidad entran a España por la vía marítima y también se han detectado casos en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

En estos casos, los traficantes utilizan tradiciones religiosas locales como elementos de abuso.

Se menciona que existe un rechazo generalizado por parte de las mujeres del periodo de restablecimiento y reflexión (el cual está condicionado a la colaboración con la policía como se establece más adelante) y que muchas veces las mujeres nigerianas llegan con niñas y niños muy pequeños, en este sentido, se señala que los datos de los menores no se registran ni se comunican a los servicios de protección.

Brasil y Paraguay

En el marco de trata de América Latina se han registrado casos de víctimas obligadas a "contratar" a amigas o familiares. Loa traficantes en estos casos utilizan empresas de espectáculos, agencias de modelos, de empleo, matrimoniales y de viajes, también usan anuncios en el periódico para captar a las víctimas.

El último informe anual sobre trata de seres humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado en junio de 2012 señala que Brasil es un país de origen de trata para hombres, mujeres y niños/as de trata con fines de explotación sexual y se señala en Europa a España, Italia y Portugal, entre otros países, como destino de mujeres brasileñas con fines de explotación sexual.

El perfil de la mujer brasileña víctima es de entre 33 y 42 años. Las nacionales de Paraguay suponen la tercera nacionalidad en número de víctimas.

A pesar de los indicios, existe la falta de identificación efectiva de estas víctimas, lo cual constituye una de las principales preocupaciones. En este sentido, el Defensor del Pueblo considera que es preciso reforzar el protocolo para la identificación de las víctimas y que se debe asegurar la protección de éstas con independencia del curso del procedimiento legal.

III. La identificación y protección de las víctimas en España

El respeto de los derechos de las víctimas y su protección hace imprescindible que existan procedimientos efectivos para su identificación, así como recursos materiales y humanos suficientes para poder asistirlas.

Aquí, se cita a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para establecer algunos ejemplos de medidas contra la trata de personas que pueden repercutir negativamente en los derechos establecidos:

• La detención de personas víctimas de trata en centros de inmigración o albergues.

• El procesamiento de personas víctimas de trata por delitos relacionados con su situación jurídica, entre ellas la entrada ilegal, la residencia ilegal y el trabajo ilegal.

• La denegación de visados o autorizaciones de entrada o salida, sea de aplicación general o sólo en relación con un grupo de personas identificadas como especialmente vulnerables a la trata.

• La denegación del derecho de todas las personas, incluidas las que han sido objeto de trata, a solicitar asilo por ser perseguidas.

• Denegación de los derechos fundamentales a los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y los que no se encuentran legalmente en el territorio del Estado.

• Redadas, rescates y otras operaciones de captura en las que no se tengan debidamente en cuenta y se protejan los derechos de las personas afectadas.

• La repatriación forzosa de las víctimas en peligro de sufrir represalias o de volver a ser objeto de trata.

• Denegación del derecho a reparación.

• Violaciones de los derechos de personas sospechosas o juzgadas por participar en trata de personas y delitos conexos, incluidos los juicios no imparciales y las sentencias inapropiadas.

• Las leyes o los procedimientos que autoricen cualquiera de los anteriores ejemplos.

Se establece que no se ha conseguido un procedimiento efectivo de identificación y protección de víctimas en España y se señalan algunas de las principales carencias detectadas, como la importancia de contar con personal formado y cualificado, como se detalla a continuación:

Las autoridades competentes deben estar formadas y cualificadas. En este sentido, tomando como ejemplo un caso de un operativo policial se indica que primó la condición de inmigrantes sin papeles de las víctimas sobre sus derechos como víctimas de trata.

Se pone como ejemplo el caso de una víctima que llegó a España y se establecen los principios que se deben tener en cuenta durante las entrevistas: no causar daño; seleccionar adecuadamente al intérprete; autorización consciente; escuchar y respetar la evaluación de cada persona acerca de la situación y riesgos de seguridad; evitar traumatizar de nuevo; controlar que la información recopilada se use correctamente ligada a protocolo de actuación de víctimas de trata, y no hacer la misma pregunta más de una vez aunque no esté contento con la respuesta (10).

De la misma manera, se resumen los indicios que la experta destacó en su informe para concluir que la interesada del caso que se mencionó era víctima de trata con fines de explotación sexual: el reclutamiento (captación por una red), la forma en que fue transportada (paso irregular por puestos fronterizos y limitación de la libertad de movimientos), la explotación a la que fue sometida (se contrajo una deuda), las rutas por las que fue trasladada (amplia movilidad que existió entre países de la Unión Europa), los actores durante el tránsito migratorio a España (traficantes involucrados), y el impacto (evaluación de las secuelas) (11).

A partir de los casos que se ponen como ejemplo, se señala que estos no son aislados sino que son un ejemplo de las significativas carencias que padece el procedimiento para la detección e identificación de las víctimas de trata en los puestos fronterizos y se hace énfasis en la obligación internacional del Estado español de perseguir el delito y proteger a las víctimas.

El capítulo dedica un punto a la colaboración entre autoridades y las organizaciones no gubernamentales y se pone como ejemplo la labor del Gobierno Vasco y el Grupo de Trata. También se menciona un operativo puesto en funcionamiento por la Generalitat de Cataluña como ejemplo de buena práctica. Este punto concluye señalando que las medidas contra la trata no deben afectar negativamente los derechos de las personas que soliciten asilo.

Aborda también los indicios razonables, en este sentido, se hace énfasis en que los indicios razonables de ser víctima de trata son razón suficiente para no alejar a la víctima del territorio y que el proceso de identificación es independiente de cualquier procedimiento penal.

El Informe del Defensor del Pueblo señala que la valoración que realizan las autoridades acerca de los que constituyen indicios razonables es objeto de numerosas quejas por parte de las organizaciones que trabajan con las víctimas, alertan del riesgo de utilizar los indicadores que contiene el Protocolo Marco a modo de test realizado de manera asilada, sin tener en cuenta que la identificación de una víctima no puede ser fruto de un momento puntual sino que forma parte de un procedimiento que necesita tiempo y asistencia especializada (13).

Igualmente, en cuanto a los indicios razonables, se establece que según el artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, durante el proceso de identificación de la potencial víctima, se establece la obligación de ofrecerle una asistencia igual a la que se procede con las víctimas que ya han sido identificadas como víctimas de trata. Dicha asistencia será ofrecida a toda víctima, en cuanto las autoridades competentes tengan indicios razonables para suponer que es víctima de trata.

Posteriormente, se analiza el periodo de restablecimiento y reflexión y asistencia durante el procedimiento. El objetivo del periodo de reflexión es la protección de los derechos humanos de la víctima de la trata, ofreciendo un tiempo razonable, apoyo y asistencia para que la víctima esté en condiciones de conocer su situación como víctima, los derechos y opciones legales que tiene y las formas de protección, así como de decidir con conocimiento de causa si está dispuesta a colaborar en los procedimientos penales (14).

El Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos establece que el plazo del periodo de reflexión tendrá una duración mínima de 30 días. En algunos Estados se ha establecido el periodo fijo de 30 días, en otros, varían entre 45 días y 6 meses y en algunos, como España, el plazo máximo no está especificado. El Grupo de Expertos en la Trata de Seres Humanos de la Comisión Europea recomendó en 2004 que el periodo mínimo debía ser de por lo menos 3 meses.

El Informe señala que el periodo de restablecimiento y reflexión no debe estar vinculado a la voluntad de las víctimas para cooperar con las autoridades. La finalidad de dicho periodo es la recuperación de las víctimas, en primer lugar; y en segundo, la posibilidad de una decisión informada de la víctima sobre su colaboración con las autoridades competentes.

El Defensor del Pueblo también considera que la confusión detectada en la práctica acerca de la verdadera naturaleza del periodo de restablecimiento y reflexión está impidiendo la efectiva puesta en funcionamiento de las medidas de protección establecidas para las víctimas.

Otro punto que se trata en este último capítulo, es el de la autorización de residencia. El Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos establece los dos supuestos para expedir el permiso de residencia renovable. En este sentido, se establece que las víctimas deben tener acceso incondicional a todas las medidas de asistencia, apoyo y protección, y se señala que la escasa protección y asistencia que existe las disuade de colaborar. Por otro lado, se indica que una autorización de trabajo y residencia por el supuesto de situación personal es muy difícil de obtener. De la misma manera, se hace referencia a que en algunos casos, incluso colaborando con las autoridades, las víctimas no obtuvieron la autorización de residencia.

En cuanto a la exención de responsabilidad y posibilidad de retorno asistido se menciona que el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos estipula que no se deben imponer sancionas a las víctimas de trata por actividades ilícitas.

Las personas objeto de trata suelen ser consideradas como delincuentes (15).

En cuanto al retorno, se establece que éste debe de ser preferentemente voluntario y se indica que es necesario evitar que las víctimas que deciden colaborar no se queden sin protección.

Igualmente, se dedica una parte a la Asistencia a las víctimas, en donde se señala que es necesario mejorarla y proporcionar una protección efectiva. Se señala que se deben hacer evaluaciones individuales de riesgos y necesidades y que se debe proporcionar información clara y accesible sobre los derechos laborales y sociales de las víctimas de trata. En este punto se aporta información relevante sobre los recursos para la atención a las víctimas de trata con fines de explotación sexual.

El derecho a un recurso efectivo es un derecho humano fundamental de todas las personas, incluidas las víctimas de trata y debe de ser protegido y satisfecho por los Estados (16).

En este capítulo se hace una especial referencia a las víctimas de trata y protección internacional en donde se comienza indicando quién es un refugiado y se continúa estableciendo que distintos instrumentos internacionales estipulan el derecho al asilo de las víctimas de trata. Asimismo, se indica que la definición de refugiado incluye cualquier solicitud por motivo de género y se establece la dificultad que existe para acreditar fundado temor de persecución, explicando este último con más profundidad. Cabe señalar que cuando se valoran los motivos de persecución se incluye la edad y la orientación o identidad sexual. También se menciona la categoría de personas en situación de vulnerabilidad.

Así, se señala claramente que para ACNUR no existen dudas de que las víctimas de trata o las víctimas potenciales pueden ser beneficiarias de la protección internacional y se establece que con las personas objeto de trata no se cumplen las obligaciones de protección internacional.

ACNUR en España ha alertado de la falta de formación especializada de los abogados defensores y ha llamado la atención acerca de la presencia de mujeres subsaharianas en centros de internamiento que podrían ser víctimas de trata sin que se haya profundizado en su historia personal y en valorar el riesgo en caso de retorno. La experiencia del Defensor del Pueblo coincide con las apreciaciones del ACNUR, de manera particular lo hace en lo referente a la ineficacia de los métodos utilizados para identificar a las presuntas víctimas. Y reitera que la falta de declaración de las víctimas o las potenciales víctimas no puede suponer un dato decisivo en la determinación de indicios. La falta de una correcta identificación es especialmente preocupante en los casos de menores de edad, en estos casos se indica que resulta improcedente que se fije una edad cerrada basada en pruebas radiológicas.

En la práctica, solicitar asilo coloca a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad (17).

En los casos de Ceuta y Melilla, se establece que estos han sido objeto de especial seguimiento por parte del Defensor del Pueblo y se indica que es necesario mejorar los protocolos de detección de víctimas en estos lugares. En este sentido, es fundamental que se facilite información sobre asilo.

Igualmente, se señala que se han detectado irregularidades en el puesto fronterizo de Madrid-Barajas. En esta parte, se indica que incluso el Defensor del Pueblo ha tenido que intervenir a pesar de la existencia de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso que se comenta en esta parte del Informe.

En relación a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), se señala que se ha constatado que existen dos perfiles de víctimas, las que son detenidas por no tener papeles tras pasar un tiempo en España y las que son interceptadas cuando intentan acceder al territorio español. Aquí se hace énfasis en la necesidad de que exista colaboración de las entidades especializadas. En estos casos, la garantía del principio de no devolución puede quebrantarse con facilidad.

En este capítulo también se hace una especial referencia a la identificación y protección de las y los menores víctimas de trata. La definición jurídica internacional de la trata de las niñas y niños y personas adultas es distinta. En el caso de las personas menores de edad se debe otorgar un tratamiento diferenciado. En los casos de trata en los cuales son víctimas niñas y niños faltan estadísticas o datos fiables. La UINICEF ha recomendado a los Estados que recojan sistemáticamente datos cuantitativos y cualitativos en este sentido.

En relación al procedimiento de determinación de la edad de las víctimas se hacen varios señalamientos muy relevantes. En los casos en que hay razones para creer que la víctima es menor de edad, se debe presumir esta minoría. En esta parte del Informe, se cita otro informe monográfico del Defensor del Pueblo titulado ¿Menores o adultos? Procedimientos para la determinación de la edad estableciendo las conclusiones a las que se llegaron en el Informe que son de mucha utilidad para determinar la edad de víctimas de trata de una manera eficaz y brindando seguridad jurídica. De la misma manera, se señala que estas conclusiones han tenido un grado alto de aceptación y a continuación se indican igualmente las recomendaciones realizadas. A partir de algunos casos en donde hay niñas menores de edad víctimas de trata, se hace un análisis muy relevante sobre la determinación que se hizo sobre su edad.

En cuanto al derecho de asilo de las y los menores víctimas, el que ellas y ellos sean identificados como menores de edad no reduce su derecho a solicitar asilo. El Defensor de Pueblo ha recomendado en este sentido que se tramiten de forma individual los expedientes de las personas menores, esta Institución ha reiterado las recomendaciones debido a que ha seguido recibiendo quejas al respecto.

Existen pocos datos acerca de la trata de menores en España (18).

 

Los menores de edad potenciales víctimas de trata no están siendo detectados. También se da la falta de detección temprana de menores que llegan a las costas acompañados de adultos en situaciones de riesgo, como la llegada en pequeñas embarcaciones. Estas situaciones se deben poner en conocimiento de las autoridades competentes y todas las autoridades y servicios públicos se encuentran obligados a prestar atención inmediata. Así, se resalta la necesidad de crear un registro telemático de menores extranjeros. Finalmente, se establece que existe ausencia de recursos específicos para menores víctimas de trata.

Conclusiones

A grandes rasgos y de manera resumida se establecen algunas de las conclusiones:

- La trata de personas, de conformidad con una interpretación avanzada de los instrumentos internacionales, es el marco que engloba todas las formas de la denominada nueva esclavitud, incluyendo la explotación laboral y otras formas de nueva esclavitud como el comercio de órganos, la mendicidad forzada y la comisión forzada de delitos, además de las variadas formas de trata con fines de explotación sexual.

- Se debe tener un enfoque centrado en las víctimas, ya que la trata de personas no es solamente una actividad delictiva sino que constituye una grave vulneración de los derechos humanos.

- Las dos terceras partes de las víctimas detectadas en todo el mundo son mujeres y el 79% de las personas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual.

- Europa es un lugar de destino de las víctimas.

- Existe una ausencia general de procedimientos solventes de identificación.

- La eficacia requiere ir más allá de la respuesta penal.

- La investigación financiera es importante para la obtención de pruebas.

- Se debe desarrollar el marco legal y las políticas integrales.

- Se aprecia un consenso generalizado sobre la necesidad de establecer cauces de participación de las entidades de la sociedad civil especializadas en los procedimientos de detección y asistencia de víctimas de trata de personas.

- Faltan estándares internacionales sobre el periodo de restablecimiento y reflexión.

- La autorización de residencia es una garantía importante para su protección y aumenta las posibilidades de colaboración de estas con las autoridades para la persecución del delito.

- No actuar contra las víctimas por delitos conexos.

- Incrementar las buenas prácticas.

- Se debe respetar el derecho a un recurso efectivo en condiciones de libertad y seguridad.

- Se debe garantizar el reconocimiento como refugiadas.

- La identificación de un menor como víctima de trata no debe reducir o restringir su derecho a solicitar protección internacional y a ser reconocido como refugiado o refugiada.

- Los Estados deben de realizar medidas de identificación proactiva.

- Obligación de derivar a las personas menores a los servicios adecuados.

- Conseguir la efectiva participación de la persona menor.

- En España la trata de personas tiene que ver esencialmente con la servidumbre de deudas.

- Hay cierta confusión en las definiciones de trata de personas.

- Existe falta de desarrollo reglamentario del artículo 59 bis de la Ley de extranjería.

- La identificación precisa de tiempo y asistencia especializada.

- La conducta defensiva puede ser consecuencia del trauma.

- El periodo de restablecimiento y reflexión debe de ser revisado y debe constar de dos fases.

- Los mecanismos de detección de víctimas no están funcionando adecuadamente.

- Es necesario adoptar medidas que permitan un estudio individualizado de los casos.

- Se han detectado dificultades en la concesión de autorizaciones de residencia.

- Se deben mejorar los mecanismos de coordinación entre administraciones.

- Existe la obligación internacional de perseguir el delito de trata.

- Hay carencias significativas en el procedimiento de determinación de edad.

- La falta de protocolos coloca a los menores en situación de riesgo.

- Hay deficiencias en el seguimiento de hijos e hijas de víctimas extranjeras nacidas en España.

- Hay una falta de protocolos comunes entre las entidades autonómicas.

- Existe deficiencia entre las fiscalías y las entidades de protección de menores.

Recomendaciones

Finalmente, las recomendaciones que se realizan son las siguientes:

1. Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Modificar el artículo 140 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, a fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 59 bis, apartado 6, y se desarrollen las condiciones de colaboración con las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y la protección de las víctimas de trata de seres humanos.

A la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social

Agilizar los trabajos para la publicación del Plan de lucha contra la trata con fines de explotación laboral, y la Instrucción conjunta de la Secretaría de Estado de Seguridad y esa Subsecretaría, sobre colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de vigilancia laboral, inmigración y Seguridad Social.

 

A la Secretaría General de Inmigración y Emigración

Dictar instrucciones que desarrollen los supuestos para la tramitación y concesión de autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales basadas en la situación personal de la víctima. Estas instrucciones deberán regular la participación de las entidades especializadas que asistan a la víctima de trata, mediante la emisión de un informe acerca de su situación personal.

 

2.Al Ministerio del Interior

A la Subsecretaría del Interior

- Revisar los criterios de actuación que sigue la Oficina de Asilo y Refugio en las solicitudes de protección internacional en las que el interesado alegue la condición de víctima de trata, o en las que el ACNUR pone de manifiesto la existencia de tales indicios.

- Dictar instrucciones conjuntas con la Secretaría de Estado de Seguridad, destinadas a subsanar las deficiencias de coordinación apreciadas en dos supuestos: aquellos en los que durante la sustanciación de una solicitud de protección internacional se aprecien indicios razonables de trata de personas; así como en los casos en los que, en aplicación del Reglamento (CE) 343/2003, se traslade a España a un solicitante de protección internacional potencial víctima de trata.

A la Secretaría de Estado de Seguridad

- Establecer una base de datos específica en la que deberán ser registrados todos aquellos menores de edad indocumentados que sean interceptados por la policía al intentar acceder de manera irregular a territorio nacional. Y adoptar, en su caso, con la autorización del Ministerio Fiscal, las medidas necesarias para comprobar el vínculo de filiación con los adultos que los acompañan.

- Dictar instrucciones conjuntas con la Subsecretaría del Ministerio del Interior destinadas a subsanar las deficiencias de coordinación apreciadas en dos supuestos: aquellos en los que durante la tramitación de una solicitud de protección internacional se aprecien indicios razonables de trata de personas; y en los casos en los que, en aplicación del Reglamento (CE) 343/2003, se traslade a España a un solicitante de protección internacional potencial víctima de trata.

- Incrementar los esfuerzos para la inclusión, entre los objetivos operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con competencias en el control de fronteras, de la persecución del delito de trata de personas; con especial atención a las potenciales víctimas que sean interceptadas con ocasión de su entrada a territorio nacional y la persecución de los autores, con independencia de que estos no se encuentren en España, reforzando para ello la cooperación policial internacional.

- Revisar el procedimiento establecido para el ofrecimiento del período de restablecimiento y reflexión, a la vista de los resultados obtenidos, y valorar la necesidad de incluir la intervención de organizaciones especializadas, de reconocida solvencia, en el proceso de identificación de las víctimas de trata. Asimismo, se debe estudiar la posibilidad de diferenciar dos fases dentro del procedimiento: una primera en la que el objetivo fundamental se centre en facilitar los medios necesarios para que la potencial víctima de trata se restablezca; y, solo cuando se haya conseguido este primer objetivo, una segunda fase en la que la víctima deberá decidir si desea cooperar con las autoridades.

- Incrementar los módulos de formación acerca de la trata de personas dirigidos a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, teniendo en cuenta un enfoque multidisciplinar.

- Establecer los mecanismos necesarios a fin de mejorar la calidad de los datos sobre víctimas de trata de personas ofrecidos por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.

- Reforzar los protocolos de coordinación existentes entre las Direcciones Generales de la Policía y la de la Guardia Civil, así como con las policías autonómicas con competencias en la investigación de delitos de trata de personas, a fin de subsanar las deficiencias detectadas en aquellos supuestos en los que existan víctimas de trata, nacionales de terceros Estados en situación documental irregular.

 

3. A otras

A la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y a las autoridades competentes en la materia en las comunidades y ciudades autónomas

En el marco de los organismos de coordinación existentes entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, impulsar los trabajos para la elaboración de un protocolo nacional para la detección y atención de los menores víctimas de trata de personas que incluya, entre otras cuestiones, un catálogo común de los indicios de trata de personas adaptados a las especiales circunstancias de los menores de edad. También, el establecimiento de un procedimiento ágil que permita que, una vez detectado el menor y siempre que razones de seguridad lo aconsejen, pueda trasladarse dentro del territorio nacional al recurso residencial más adaptado a sus necesidades.

A la Fiscalía General del Estado y a las autoridades competentes en la materia en las comunidades y ciudades autónomas

Impulsar la creación de mecanismos de coordinación y seguimiento entre las fiscalías provinciales y las entidades autonómicas de protección de menores en aquellos supuestos en los que los menores tutelados víctimas de trata se encuentren incursos en procedimientos penales como testigos protegidos. Los citados mecanismos deberán tener como objetivo principal la protección efectiva del menor durante la tramitación del procedimiento penal, evitando su revictimización y arbitrando los medios necesarios para que la adopción de cualquier medida tenga en cuenta su interés superior.

A la Fiscalía General del Estado, a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior y a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

Al detectar menores de edad indocumentados, acompañados o no de adultos, en los intentos de entrada irregular de embarcaciones por puestos no habilitados en las costas andaluzas, se active un protocolo que deberá contemplar medidas inmediatas de identificación policial de cada uno de los menores, con indicación en su caso del vínculo de filiación del adulto que lo acompañe. Asimismo, se deberán poner en inmediato conocimiento del Ministerio Fiscal y de la entidad de protección de menores los datos del menor y del adulto, así como el lugar donde serán trasladados. Una vez derivados al centro de acogida humanitaria, la entidad de protección de menores con competencia en esa provincia, bajo la supervisión del fiscal, deberá iniciar un expediente de riesgo del menor hasta tanto: se acrediten los vínculos de filiación con el adulto que le acompaña; que el nacimiento del menor se encuentra inscrito en un registro, instando en su caso la inscripción de su nacimiento; así como la adopción de todas aquellas medidas necesarias en su interés.

(1) http://www.defensordelpueblo.es/es/Destacado/contenido_1348128571191.html

(2)http://www.redcontralatrata.org/

(3) http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_spanish.pdf

(4) El informe de la OIT citado es: Una alianza global contra el trabajo forzoso: Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Ginebra, OIT, 2005, citado en el Informe de la Oficina del Defensor del Pueblo: “La Trata de Seres Humanos en España: Víctimas Invisibles”, p. 47.

(5) Informe de la Oficina del Defensor del Pueblo: “La Trata de Seres Humanos en España: Víctimas Invisibles”, p. 56.

(6)Ibídem: p.90.

(7)Ibídem: p. 93.

(8)Ibídem: p. 93.

(9)Ibídem: p. 102.

(10) Ibídem: p. 107.

(11) Ibídem: pp. 148-149.

(12) Ibídem: pp. 152-152.

(13) Ibídem: p. 162.

(14) Ibídem: p. 165.

(15) Ibídem: p. 176.

(16) Ibídem: p. 190.

(17) Ibídem: p. 213.

(18) Ibídem: p. 262.

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