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Perú viola el protocolo de la Cedaw

El gobierno de Ollanta Humala no cumple con lo prometido en su programa electoral, aprobar el protocolo de atención de aborto terapéutico. Además, el 30 de abril pasado se venció el plazo estipulado por la CEDAW para reparar los daños causados a dos niñas en el que se puso en riesgo sus vidas por no permitirles la interrupción de sus embarazos. Organizaciones feministas denuncian esta situación. En este artículo contamos la historia trágica de estas niñas abandonadas por el Estado peruano.

Agustina Daguerre García – Feminicidio.net – 03/05/2012

Perú, Lima – Mientras en España el gobierno del Partido Popular amenaza con retrotraer a una ley de supuestos frente a la actual de plazos (ver al final el recuadro sobre el alcance de una y otra ley), en América Latina la lucha por el reconocimiento del derecho al aborto en su expresión mínima, el aborto terapéutico, es uno de los puntos centrales en las agendas del movimiento de mujeres. La criminalización de esta práctica en la mayoría de países del continente, supone una vulneración del derecho de las mujeres no solo a decidir sobre sus vida sexual y reproductiva, sino que en ocasiones se opone de manera directa a su derecho a la vida como sucede en el caso de este supuesto, aquel cuya práctica constituye la única vía para salvar la vida de la mujer gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

LEGISLACIÓN PERUANA EN MATERIA DE ABORTO

Desde 1924 la legislación peruana penaliza la interrupción del embarazo en todos los supuestos, salvo en este último, el aborto terapéutico [1]. Sin embargo las mujeres encuentran numerosos obstáculos para poder ejercitar su derecho debido a la ausencia de una normativa específica o protocolo que regule el procedimiento necesario para su puesta en práctica.

El planteamiento de la necesidad de que el Ministerio de Salud elabore un protocolo que estandarice el procedimiento para la aplicación del aborto terapéutico, ha suscitado numerosas reacciones por parte de grupos conservadores y religiosos que cuestionan la validez no sólo del protocolo sino también del propio derecho al aborto en este supuesto. Como señala el profesor Samuel B. Abad Yupamqui, estos planteamientos vuelven a poner en el centro del debate “la relación que debería existir entre Iglesia y Estado en una democracia moderna” [2], la necesidad de crear mecanismos que garanticen la plena ejecución de los derechos humanos de las mujeres y la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos sexuales, derechos reproductivos y el principio de no discriminación en el acceso a la salud.

Las organizaciones feministas peruanas volvieron a colocar el tema en el centro del debate político cuando este pasado 30 de abril hicieron pública una carta abierta [3] en la que recordaban al gobierno que el plazo máximo para responder a las demandas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer había concluido. El documento hace referencia a la comunicación 22/2009 [4] emitida por este organismo en respuesta a una demanda interpuesta por el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en el caso conocido como L.C contra Perú.

EL CASO L.C. CONTRA PERÚ

L.C. es una adolescente que a la edad de 13 años quedó embarazada por los reiterados abusos sexuales sufridos a manos de un hombre empleado como mototaxista, de 40 años de edad. En un estado de depresión profundo, trató de suicidarse arrojándose de un edificio. Tras la caída, los médicos del hospital público al que fue traslada le diagnosticaron “una lesión grave en la columna vertebral con riesgo de discapacidad permanente” por lo que le recomendaron someterse a una cirugía con carácter urgente y preventivo de una posible parálisis. La cirugía fue pospuesta por tiempo indefinido en el momento en el que los facultativos tuvieron conocimiento de que L.C. estaba embarazada, a pesar de que el embarazo fue calificado como de “alto riesgo, alcanzando una elevada morbilidad materna". L.C. fue también diagnosticada de un “síndrome de depresión y ansiedad moderado” para el que no se le suministró tratamiento debido a que estaba contraindicado en el estado de gestación en el que se encontraba.

La menor con el apoyo de su familia solicitó la interrupción de su embarazo amparándose en la legislación nacional que despenaliza el aborto terapéutico, pero el Consejo Médico del hospital rechazó en dos ocasiones dicha petición, alegando que la vida de la menor no corría peligro, omitiendo de manera flagrante en su consideración, las graves consecuencias para la salud que el embarazo podía provocarle. Poco después L.C tuvo un aborto natural tras el cual el personal médico accedió a practicarle la cirugía indicada para su tratamiento. Debido al prolongado tiempo transcurrido desde el accidente hasta que finalmente fue intervenida -tres meses y medio- la operación quirúrgica no tuvo el éxito esperado. Como resultado de esta serie de negligencias médicas y otras- como el hecho de que la rehabilitación de la menor fuera suspendida antes de tiempo por falta de fondos de la familia para pagar el tratamiento- L.C ha quedó postrada en una silla de ruedas, paralizada de cuello para abajo. Su grado de dependencia es total y su capacidad motora se ha visto reducida a un movimiento parcial de las manos.

Tras el estudio del caso, el Comité emitió fallo el pasado noviembre en el que consideraba que:

debido a su condición de mujer embarazada L.C. no tuvo acceso a un procedimiento eficaz y accesible que le permitiese establecer su derecho a los servicios de atención médica que su estado de salud física y mental requería. (…) Ello resulta tanto más grave si se tiene en cuenta que se trataba de una menor, víctima de abusos sexuales. El intento de suicidio demuestra el grado de sufrimiento mental por el que pasó como consecuencia de los abusos. Por lo tanto el Comité considera que los hechos descritos configuran una violación de los derechos que asisten a L.C. en virtud del artículo 12 de la Convención [5]. Considera también que los hechos ponen de manifiesto una violación del artículo 5 de la Convención[6], ya que la decisión de aplazar la operación quirúrgica debido al embarazo estuvo influenciada por el estereotipo de que la protección del feto debe prevalecer sobre la salud de la madre.”

El Comité exigió al gobierno proporcionar medidas de reparación que ofrezcan una indemnización adecuada por daños morales y materiales y medidas de rehabilitación como forma de garantizarle la mejor calidad de vida posible. Esta exigencia de reparación individual fue complementada con el reclamo del cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico revisando su interpretación restringida del mismo.

- Adoptar directrices o protocolos para garantizar la disponibilidad y el acceso de servicios públicos de salud reproductiva para las/los adolescentes.

- Revisar la legislación que criminaliza a las mujeres que interrumpen sus embarazos producto de una violación.

El protocolo de la CEDAW constituye un marco jurídico necesario para garantizar tanto la seguridad jurídica de las mujeres que solicitan la interrupción de su embarazo como la de aquellos facultativos médicos que están obligados a realizarlo. Es esencial establecer un mecanismo de toma de decisiones que agilice el proceso, evitando así dilaciones innecesarias que además en muchos casos, finalmente imposibilitan la realización de la intervención como consecuencia del avanzado estado de gestación en el que se encuentra la mujer. Asimismo, dicho documento debe incorporar de manera clara instrumentos para que la voz de la implicada sea tomada en consideración, que las argumentaciones sean debidamente expuestas en cada uno de los casos sometidos a estudio y que se contemple el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente para interponer recurso de apelación en caso de que fuera necesario.

El fallo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer refuerza el dictamen emitido en octubre de 2005 por el Comité de Derechos Humanos en el caso K.L. contra Perú.

EL CASO K. L. CONTRA PERÚ

K.L. es una adolescente que en el año 2001 quedó embarazada. Poco tiempo después una ecografía reveló que el feto era anencefálico -carecía de hemisferios cerebrales y bóveda craneana- razón por la cual su vida no podría ser viable, “moriría indefectiblemente durante el embarazo, el parto o al poco tiempo de nacer, además de generarle riesgos contra su vida y su salud en caso de continuar con la gestación”. Aunque la adolescente tomó la decisión de interrumpir su embarazo, el director del Hospital Arzobispo Loayza, rechazó la solicitud de aborto por considerar que éste no se encontraba en el supuesto despenalizado por la ley. Durante el examen de su caso no fueron tenidos en cuenta ni los daños físicos ni las graves lesiones psicológicas que esta mujer podía sufrir. K. L. dio finalmente a luz y amamantó a una bebé que tan sólo sobrevivió cuatro días.

El caso de K. L. vuelve a ilustrar la arbitrariedad en la que se incurre cuando no existe un reglamento que recoja el procedimiento a seguir ante una solicitud de aborto y el sistema de apelación para recurrir decisiones en caso de rechazo de la operación.

El 13 de noviembre de 2002, el caso fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y tres años después -el 24 de octubre de 2005- dicho Comité emitió dictamen donde consideraba que la negativa a practicar abortos en este tipo de situaciones “constituye una violación al derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, al derecho a la privacidad, al derecho a un trato especial como menor de edad, y al derecho a un recurso efectivo.” En el mismo fallo el Comité consideraba que el Estado peruano “tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro” y la “obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo que incluya una indemnización”. 

Siete años después de la emisión del fallo del Comité de Derechos Humanos y vencido el plazo establecido por la Comisión para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, este pasado 30 de abril, el gobierno peruano sigue sin reparar a estas mujeres y sin adoptar las medidas recomendadas para garantizar sus vidas y el acceso en condiciones de igualdad a los servicios de salud. El gobierno actual prometió en el programa electoral de su partido Gana Perú, aprobar el protocolo de atención de aborto terapéutico.

Mientras tanto, la articulación feminista conformada por Católicas por el Derecho a Decidir Perú, CLADEM, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Demus, el Movimiento Manuela Ramos y Promsex no dejarán de velar ante este gobierno o cualquier otro hasta que cumplan con su deber de reconocimiento efectivo de los derechos de las mujeres.

Puedes encontrar más información y hacer seguimiento del tema en http://patasperu.blogspot.com/

[1] Según el artículo 119 del Código Penal, no se sanciona el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

[2] Abad Yupanqui, Samuel, B., Validez constitucional del aborto terapéutico en el ordenamiento jurídico peruano http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/publicaciones/Validez_constitucional_aborto_Peru.pdf

[3] Puedes leer la carta de las organizaciones en http://www.flora.org.pe/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=486:30-de-abril-el-estado-debe-responder-comite-de-naciones-unidas-sanciono-al-peru-por-negativa-de-aborto-tera

[4] Puedes descargar el documento en http://cladem.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=1632%3Acedaw-c-50-d-22-2009sp&Itemid=115

[5] Artículo 12: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

[6] Artículo 5: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.


MODELOS LEGISLATIVOS SOBRE EL ABORTO

Elena Laporta – Feminicidio.net – 03/05/2012

En Europa existen dos modelos legislativos sobre el aborto:

1.- Tradicionalmente se utilizaban “leyes de supuestos”, esto es, tanto sólo se podía proceder a la interrupción voluntaria del embarazo cuando se daba alguno de los supuestos previstos en la ley. En el caso español eran, según la LO 9/85:

- Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.

- Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado.

- Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

2.- En los últimos años se ha adoptado en la mayor parte de los países europeos un modelo distinto del anterior, a través de las llamadas “leyes de plazos”, que permiten practicar el aborto siempre y cuando se produzca dentro del plazo establecido por la ley.

En España se adopta este modelo en 2010, con la LO 2/10, que señala que podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada. No obstante existen algunas excepciones por las que el plazo puede ser ampliado.

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