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El PP incumplió las leyes de violencia de género durante la última década en la Comunidad de Madrid

La plataforma Generando Red contra las violencias machistas, integrada por profesionales y activistas que trabajan en la lucha contra la violencia de género, presenta un informe que analiza los diez años de la Ley Integral de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en el que denuncia graves incumplimientos en la aplicación de la Ley integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid

 — Feminicidio.net — 23/11/2015

 

España, Madrid - La plataforma Generando Red contra las violencias machistas, integrada por profesionales y activistas que trabajan en la lucha contra la violencia de género, presenta el 24 de noviembre un informe que analiza los 10 años de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid (LVGCAM). El documento de análisis recoge valoraciones sobre recursos, dotación presupuestaria y aplicación de la ley. En él se desvelan las negligencias y los incumplimientos de la ley y se realizan propuestas sobre aspectos a mantener y/o reforzar, así como recomendaciones.

Para realizar el informe, además de basarse en distintos informes y estudios, contaron con información de primera mano, facilitada desde distintos recursos de la red de atención a las mujeres víctimas de violencia a través de una encuesta, que pone en evidencia las dificultades con las que trabajan las profesionales del área.

Generando Red quiere llamar la atención sobre el riesgo que supone para el conjunto vivir en una sociedad dominada por la cultura machista y todavía no ha interiorizado la realidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres y que trasciende a la ejercida en el ámbito de la pareja o expareja (incluye un amplio espectro de conductas como el acoso callejero, la trata con fines de explotación sexual, la violencia sexual en cualquier contexto, el acoso y la discriminación laboral por razones de género, entre otras). Tampoco se olvidan de la violencia directa ejercida contra niñas, niños y otras personas cercanas al entorno de las víctimas de violencia en la pareja.

El informe pone el foco en la política de recortes del Gobierno y la negativa a asumir la violencia machista como un asunto político central. También hace hincapié en la falta de recursos para la prevención y la imperiosa necesidad de mejorar las medidas de protección y seguridad de las supervivientes de violencia machista. 

El documento es una aportación a la lucha hacia un futuro libre de las violencias del patriarcado.

 

Prevención

En el informe de la CEDAW se afirma que “[l]a austeridad, unida a ‘la cultura del machismo y la influencia social de las instituciones religiosas patriarcales’, llevan a que los avances en igualdad de género alcanzados en los últimos años ‘están en riesgo de retroceso’".

El informe resalta la crucial importancia del trabajo de prevención y sensibilización para la erradicación de las violencias machistas y denuncia que no se han estado tomando las medidas necesarias para aplicar lo que marca la ley en materia de sensibilización y prevención. La violencia machista está presente en todos los ámbitos de la sociedad española y se perpetúa a través de la publicidad y el lenguaje sexistas, los contenidos en el currículum educativo, las artes y ciencias machistas y misóginas, etc.

La formación en materia de igualdad y violencia de género que reciben las y los profesionales es deficitaria (además de ser generalmente voluntaria), ya que los recursos económicos y humanos son insuficientes. La Comunidad de Madrid se compromete a diseñar e impartir formación específica sobre igualdad entre mujeres y hombres al alumnado de todos los niveles del sistema educativo, sin embargo, estas formaciones apenas son recibidas por un 6% de la población educativa total de la región. Tampoco existe un protocolo para revisar los contenidos de materiales y libros de texto a fin de evitar contenidos sexistas y discriminatorios.

En lo que respecta a la sensibilización, el informe subraya que es fundamental que los poderes públicos hagan mayor incidencia en ella para combatir los discursos misóginos que alimentan los mitos de la violencia de género. Asimismo, los medios de comunicación deben establecer un código ético para hablar de las violencias machistas. La LVGCAM recoge medidas relativas al ámbito publicitario y medios de comunicación que velan por la no utilización de la imagen de las mujeres con fines vejatorios, sin embargo, Telemadrid, a diferencia de los entes públicos de radiotelevisión de otras comunidades autónomas, no ha desarrollado ningún protocolo para el tratamiento informativo de la violencia de género, sino que hace un tratamiento sexista de los contenidos relacionados con la violencia de género, además de utilizar un enfoque morboso y omitir información sobre las vías de apoyo institucional existentes. Tampoco ha incorporado contenidos específicos de sensibilización sobre violencia de género en su programación.

Por otro lado, debido al progresivo desmantelamiento de recursos destinados a la lucha contra las violencias machistas, no existen canales de denuncia de contenidos sexistas específicos en la Comunidad de Madrid, lo que demuestra una escasa voluntad por terminar con los contenidos sexistas en los medios.

Todo esto contribuye a la reproducción y perpetuación de la cultura machista. 

 

Atención psicólogica y social

Desde la implantación de la LVGCAM los servicios que forman parte de la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas han sufrido progresivamente considerables recortes. Se han eliminado recursos y reducido los presupuestos de las licitaciones concursales, lo que ha mermado la calidad en la prestación de los servicios y contribuido al deterioro de las condiciones laborales de las y los profesionales.

La Comunidad de Madrid ha incumplido la obligación de elaborar un protocolo marco de actuación, lo que ha generado una falta de procedimientos que aseguren una actuación global, integral y coordinada. Al no existir un marco regidor de rango autonómico que marque las pautas para la intervención, las mujeres se ven sujetas a inseguridad y desigualdad.

Por otro lado, no se tienen en cuenta las singularidades de las mujeres atendidas (ya sea porque tienen diversidades funcionales, porque son migrantes, etc.). 

También es importante resaltar la precariedad laboral de las profesionales que trabajan en los recursos. Existe una disparidad de condiciones en función de si la contratación es pública o privada. Las condiciones laborales precarias provocan alta rotación de personal, dificultades para poder seleccionar a las mejores candidatas y riesgos laborales, todo lo cual, a pesar de la implicación y la motivación de las profesionales, tiene un efecto negativo en la atención que reciben las mujeres.

 

 Red de centros residenciales, tipo de población y número de plazas en la Comunidad de Madrid. (Elaboración de Generando Red)

 

 

Atención judicial

Cada año disminuyen las condenas, se adoptan menos medidas cautelares, las protecciones son menores en cantidad y eficiencia, y el número de procedimientos que llegan a juicio oral es cada vez menor. La dotación de recursos económicos y humanos resulta mucho menor a la necesaria para garantizar la protección de las mujeres, y las resoluciones judiciales tienden a calificar como menos graves penalmente las conductas criminales.

Por un lado, descienden las denuncias y crecen los procedimientos que se archivan en violencia de género, también por la inactividad de las instituciones públicas implicadas. Esto nos indica que algo falla en en sistema de confianza y las mujeres no entienden que existe una protección penal. 

Además, cada vez son más frecuentes las denuncias cruzadas (los denunciados interponen una denuncia contra la víctima), lo que implica que muchas mujeres renuncien a mantener el procedimiento para no verse imputadas por conductas delictivas contra el agresor.

Por otro lado, las medidas de protección son escasas, insuficientes e ineficientes, y descienden cada año. 

El informe nos presenta un dato alarmante: 16 de las 75 mujeres madrileñas asesinadas habían interpuesto una denuncia previamente, y de entre ellas, cuatro tenían una orden de protección en vigor. Eso quiere decir que, aunque las mujeres denuncien, no están protegidas, y que la obtención de una orden de alejamiento no garantiza la seguridad de las mujeres, lo que demuestra la ineficacia de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de proteger la vida de las mujeres. Nos encontramos ante una práctica general de impunidad, ya que la responsabilidad por parte de la Administración no se cumple. 

El informe destaca que las valoraciones del riesgo de las víctimas son inadecuadas y negligentes. Además, la mala praxis judicial se ve reflejada en el aumento de las denegaciones de protección. La falta de sensibilización y formación especializada hacen que los operadores jurídicos mantengan estereotipos, lo que suele llevar a la llamada revictimización secundaria.

 

 Tabla a nivel estatal y de la Comunidad de Madrid con el número de órdenes de protección solicitadas y porcentaje de adoptadas desde 2008 a 2014

(Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo General del Poder Judicial)

 

 

 

Recursos económicos

Las dotaciones económicas, humanas y técnicas son fundamentales, ya que el 43% de las mujeres que sufren violencia son dependientes económicamente de sus agresores. Por ello, se deben garantizar acciones reales que faciliten la autonomía y el empoderamiento de las víctimas. 

En la Comunidad de Madrid, el importe del presupuesto asignado específicamente a la Partida de Violencia de Género e Igualdad en la Dirección General de la Mujer ha descendido desde 2008 hasta prácticamente la mitad. Por otro lado, el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid no ha tenido un comportamiento constante en los 10 años de aplicación de la LVGCAM.

Es esencial que en tiempos de crisis económica, en un contexto de feminización de la pobreza, de recortes económicos y de dependencia de las mujeres con respecto a los hombres, las partidas no se reduzcan, ya que es cuando se incrementan las dificultades económicas para las mujeres y se agudiza la violencia contra ellas. Por lo tanto, debería aumentarse la partida presupuestaria tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento de Madrid. Además, los servicios y programas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deberían estar coordinados. Y, aunque el contexto fuese otro, la existencia de recortes económicos de tal calado también sería condenable. Supondría la prueba de que este asunto está en el papel pero no en la agenda política.

Por otro lado, es necesario un mayor esfuerzo para que estos servicios sean de fácil acceso, que la atención sea efectiva y que el riesgo de las mujeres se reduzca.

 

 

Presupuestos de la Comunidad de Madrid para Violencia de Género e Igualdad durante los años 2006 a 2015

(Elaboración de la plataforma Generando Red a partir de los datos obtenidos de los presupuestos oficiales de e la web y de la oficina de presupuestos de la CAM)

 

Violencia sexual

Los delitos contra la libertad sexual tienden a ser invisibilizados y no se investigan ni condenan de manera justa y contundente. Es significativa la diferencia que existe entre el número de hechos conocidos de delitos contra la libertad sexual y el número de hechos esclarecidos e imputaciones.

Por otra parte, es destacable que los datos oficiales de violencia de género sólo incluyen la violencia ejercida en el seno de la pareja y expareja, según la definición que hace la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por lo que los datos de violencia sexual y otros tipos de violencia hacia las mujeres no están incluidos en los datos oficiales. 

Tampoco se destinan los recursos necesarios para la recuperación de las víctimas y hay una falta de especialización de las y los profesionales a la hora de trabajar en la atención a mujeres, niñas y niños víctimas de delitos y violencia sexual.

 

Feminicidios

Como dato positivo, cabe destacar que la LVGCAM contempla un concepto más amplio de violencia que el de la norma estatal y señala como violencia de género “toda agresión física o psíquica a una mujer, que sea susceptible de producir en ella menoscabo de su salud, de su integridad corporal, de su libertad sexual, o cualquier otra situación de angustia o miedo que coarte su libertad. Asimismo, se considera Violencia de Género la ejercida sobre los menores y las personas dependientes de una mujer cuando se agreda a los mismos con ánimo de causar perjuicio a aquélla“ (con lo cual, incluye la trata, explotación forzada, mutilación genital y hasta el acoso laboral, entre otros). Sin embargo, si bien es loable que la LVGCAM incluya un concepto mucho más amplio de la violencia de género, durante la elaboración del informe no se encontraron fuentes propias de la Comunidad de Madrid que recojan estadísticas de acuerdo con la definición de su normativa.

 

 

 Tabla sobre el tipo de feminicidio/asesinato de mujeres en la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2015

Datos obtenidos de la base de datos de Feminicidio.net 

 

Algunas recomendaciones

-Creación y aprobación de un protocolo marco de actuación de la Comunidad de Madrid que abarque a todas las instituciones, recoja todos los tipos de violencias, y establezca principios y criterios de actuación con perspectiva feminista y medidas específicas para las situaciones más vulnerables.

-Puesta en marcha de un protocolo de coordinación entre las instituciones implicadas y realización de acciones formativas para aplicar la nueva doctrina del Tribunal Supremo (sentencia 30 de septiembre 2015 en Recurso de unificación de doctrina 568/15) que exige que los maltratadores condenados por violencia de género pierdan inmediatamente la patria potestad en el propio procedimiento penal, sin esperar a la resolución civil. 

-Ampliación de la red de recursos residenciales, aumentando número de plazas (299 en la Comunidad de Madrid) y dotación suficiente para que cumplan su finalidad de centros de recuperación del daño sufrido. Mejora en la dotación de profesionales, principalmente psicólogas. 

-Aumento del número de puntos de encuentro en la Comunidad de Madrid así como de centros especializados para mujeres. Mantener alto estándar de calidad. 

-Implicación de la Fiscalía en los procesos judiciales de manera activa, aportando pruebas y garantizando derechos. Personación de los abogados de la Comunidad de Madrid en los juicios de violencia para dar cumplimiento a la LVGCAM

-Incorporación del feminicidio en las estadísticas de asesinatos de mujeres. 

-Apuesta por la prevención socioeducativa como herramienta imprescindible para la lucha contra las violencias machistas. 

-Enfoque político centrado en denunciar a los perpetradores de la violencia. Cambiar la mirada política hacia las mujeres y reconocerlas supervivientes. 

-Compromiso de exigencia, seguimiento y denuncia al Gobierno Central para cumplir los marcos legales internacionales vinculantes: CEDAW y el Convenio de Estambul, donde se cuenta con un enfoque mucho más amplio sobre las violencias machistas. 

 

 

 

 

 

 

 
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